Consideraciones respecto de la actividad megaminera como pilar económico de Estados ‘en vías de desarrollo’. Críticas en torno a su impacto socioambiental. Reflexiones acerca del contexto socioeconómico mundial, sus presiones, y el rol de la universidad en el modelo productivo-explotador.
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Desde 2010, estudiantes, becarios graduadas/os, investigadores/as y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN-UBA) nos estamos reuniendo en el marco de la Comisión Interclaustros de Bienes Comunes (CIBC). Allí, discutimos y nos formamos en torno a las distintas aristas de la problemática socioambiental acarreada por la actividad megaminera. En nuestro ejercicio, hemos intentado trasladar este debate a toda la comunidad de la facultad. Con ese fin, hemos organizado charlas, talleres y debates, presentamos propuestas y discusiones tanto a las Asambleas (estudiantiles e interclaustros), como al Consejo Directivo de nuestra facultad.
Cuadros dentro de cuadros: contexto económico general y aspectos socio-ambientales. Una aproximación a la lectura de la problemática.
Pese a lo sostenido en discursos públicos y mediáticos de los actores hegemónicos (Cristina Fernández de Kirchner, Gioja, Lucía Corpacci, y, Julián Rooney, entre otros), sus narrativas y retoricas teatrales en torno al mito de la apertura de un debate “serio” sobre megaminería, en la práctica se intenta acallar cada vez con más fuerza a las voces que cuestionan esta actividad. Eso sí estos discursos son funcionales para lograr legitimidad y consenso social entre la población que no se sienten directamente afectada por estos proyectos. El sector político-empresarial tiene bien claro que no le conviene propiciar un debate público sobre el modelo extractivo-exportador megaminero. Esto nos habla del escenario democrático en el que se desenvuelven los conflictos, de los procesos electorales, las practicas de representación delegativas; de la capacidad de injerencia y presión de las corporaciones sobre las decisiones ciudadanas y judiciales; y la desatención del estado de su obligación de garantizar a la ciudadanía el derecho a acceder a la información de interés público.
La megaminería como pilar económico en Argentina
Como es sabido, el sustento económico de nuestro país, desde que este existe como tal, se ha construido en torno a las demandas de los países centrales. Cuando se pidió lana, ovejas criamos, cuando carnes, vacas. ¿El mundo necesitaba un granero? Avanzamos pues, contra el indio y los bosques, para liberar a la segunda llanura más grande del mundo de todo lo que le impida ser un polo agropecuario. Actualmente la economía nacional se encuentra atada a la exportación de bienes primarios con demanda voraz en el mercado internacional y precios altos, pero también volátiles. La extensión de la nueva frontera agropecuaria no se hizo sin depredación. El modelo del agronegocio arrasa suelos, desplaza comunidades, desarma economías regionales, silencia resistencias. Aunque no haya sido de público conocimiento sino hasta hace unos meses, también es la lógica del negocio megaminero en las provincias cordilleranas. A este modelo, a este paradigma donde el bien de interés que el país le ofrece al mundo es su riqueza no renovable minerales y suelos fértiles-, lo caracterizamos como extractivo-exportador, y consideramos que su consolidación es hoy una política de estado[1].
A la fecha, es admitido por la mayoría de la población que durante el período de nuestra historia conocido como neoliberal se asistía al desmantelamiento del poder del Estado en materia económica. En particular, esto se tradujo en materia jurídica a la reorganización del marco legal para la concesión y explotación de yacimientos que reportaran riqueza mineral, con el objetivo de maximizar la libertad de acción de los capitales extranjeros que arribaran al país. Decimos entonces que el Estado se transformó en meta regulador, ya que su única tarea es allanar el terreno para que sean las empresas las que dicten las reglas de juego, y que la actividad económica así desarrollada es de enclave , ya que la porción de territorio concesionada queda supeditada a las normativas del capital privado. Este modelo, este marco regulatorio y este tipo de explotación subsisten hoy intactas, si acaso no se han profundizado, y encuentran en la megaminería metalífera y los agronegocios dos expresiones cabales y relevantes en la economía nacional. Llegados a este punto es necesario señalar que en el imaginario social la nación argentina es más cercana a una gran pampa cerealera que a 5000 km2 de minas en actividad, y que esta característica estuvo muy presente en la mente de quienes consolidaron este modelo:
La Argentina no posee una gran tradición minera (…) Por ello, nuestro país se encuentra en buena posición para consolidar una minería competitiva con la incorporación de una gestión ambiental eficaz. Con la llegada de los nuevos capitales de inversión y la experiencia de las empresas que hoy son grandes potencias en esta actividad, nuestro sector minero se ha concientizado y puso de manifiesto expresamente la necesidad de que ese desenvolvimiento se encuentre amparado por una normativa definida con claridad y que no dependa de reglas sujetas a interpretaciones discrecionales (…)[2] Es así que la falta de información en la materia de la mayoría de la población fue uno de los factores que catalizaron la implantación de un modelo que de otra forma habría enfrentado muchas más resistencia. Téngase presente que cuando hablamos de megaminería ya no nos referimos a la minería tradicional de socavón, practica también discutible, sino a la minería a gran escala, esa en la que el metal diseminado en toda la montaña es extraído a través de grandes explosiones. La que a partir de sustancias como el cianuro y el acido sulfúrico -entre otros- lixivia (disuelve) los metales del mineral contenido en muy baja proporción [3]. Nos referimos a la megaminería transnacional metalífera a cielo abierto, que implica cambios irreversibles en el medioambiente, acarrea una carga monstruosa de externalidades (pasivos ambientales remanentes al finalizar la actividad y enorme consumo de agua y energía [4] durante la misma) y la que mayor impacto tiene sobre la biogeografía de los territorios explotados. Esta actividad entre el año 2003 al 2009 ha tenido un aumento en sus inversiones del 1014% [5], que al día de hoy representa un 4,5% del Producto Bruto Interno (sólo un par de puntos por debajo de la soja). Durante los meses de enero / febrero de 2012, cobraron visibilidad nacional decenas de manifestaciones de pueblos a lo largo de la cordillera en resistencia a estos emprendimientos. Los habitantes de la zona asisten al desabastecimiento frecuente de agua y energía, al aumento en los casos de muertes por cáncer [6], al silencio e inacción por parte de las autoridades provinciales, a la no materialización de los beneficios económicos prometidos, y en un caso extremo Andalgalá al intento de traslado de una parte del pueblo para la explotación de su suelo. Si nos remitimos a los datos oficiales (cita 4), nos encontraremos con que la minería parece ser nada menos que un motor de desarrollo para regiones atrasadas, que las provincias dependen fuertemente de sus regalías, que sin esta actividad no se podría gozar de los beneficios de la tecnología ? ¿Cómo podemos explicar esta dicotomía en los discursos? Por el mero hecho de ser una actividad que reporta ingresos por regalías que representan una parte importante del presupuesto, en provincias cuya economía fue previamente devastada[W1] [W2], es imaginable que será defendido a muerte por los apologistas del modelo [7]. A pesar de los reiterados reclamos levantados por los pueblos, y como si desconocieran lo que declara en su Informe de Impacto Ambiental de 1998[8] la propia empresa Minera Alumbrera, el gobierno insiste en hablar de minería sustentable, de reinversión de las ganancias en obras para la sociedad, de que siendo la minería un eslabón indispensable en la cadena de producción de nuestra sociedad, es necesario dar un reflexión madura [9] al respecto, y encontrar la forma de llevarla delante sustentablemente. Sin embargo, el discurso oficial tiene muy claras sus prioridades:
La Presidenta ([W2] ) aprovechó para sostener que «la minería genera importantes fondos para las provincias» y que «es muy loable cuidar a la fauna y la flora pero primero a la especie humana de que tenga trabajo, que tenga agua, que tenga casa». En ese tono, resaltó que «no solo hay que exigirles a las empresas el cuidado medioambiental sino también la reinversión de utilidades en las comunidades» [10]
Lo que hace sospechar que mientras el dinero siga llegando a las arcas, no habrá iniciativa oficial de adoptar una política estricta o dar un debate serio al respecto. En efecto, el porcentaje sobre los ingresos totales que la actividad minera le representa a las provincias es significativamente mayor que el de la nación, y son estas quienes poseen el patrimonio natural[W3] , según el artículo 124 de la Constitución Nacional. Así, se entiende que durante los procesos de lucha popular acaecidos durante el verano de 2012, los oficialismos locales no hayan vacilado en contestar con represión. Esta vez, las protestas no eran meramente una actividad testimonial, sino que los cortes de ruta selectivos en puntos estratégicos protagonizados por las asambleas locales buscaban entorpecer el abastecimiento de insumos para las minas. El mensaje de los pueblos era claro: no vamos a permitir que se prosiga con esta actividad hasta que el gobierno no reconozca el carácter nocivo que tiene para con nuestra tierra y se haga cargo de remediarlo. La respuesta, también: no se puede vivir en un mundo sin minería [11], detener esta actividad es detener el desarrollo. Consideramos, pues, que en el escenario nacional existe hoy un conflicto estructural entre los pequeños pueblos de la cordillera, que viven en carne propia los efectos adversos de la minería sobre sus tierras y su agua, y una cúpula gobernante que parece considerar sus protestas como inmaduras por no tener en cuenta lo esencial que la actividad es hoy para el funcionamiento de la sociedad.
Los fondos de Y.M.A.D. en nuestra facultad
Creemos que la falta de un debate público y masivo, en la UBA y en nuestra Facultad, acerca de las consecuencias del modelo extractivo-exportador minero se debe engran medida a la efectividad de las estrategias político–empresariales que operan para que ello no tenga lugar. Estas estrategias, que tienen como objetivo construir unconsenso social acrítico, se apoyan en el manejo de la información y en la conquista del discurso público a través de retóricas de desarrollo.
Como parte clave de estas estrategias, aparecen voces universitarias y de instituciones científico-tecnológicas públicas que legitiman la megaminería a cielo abierto desdeun lugar de supuesta objetividad académica y apelando al imaginario colectivo de neutralidad del conocimiento científico. De este modo se posicionan junto a las empresasen el proceso de oposición, réplica y descalificación de los movimientos socioambientales.
Estas voces sostienen también -entre otros argumentos- la necesidad de los productos de la minería. Por un lado, reducen nuestra postura a meros “fundamentalistasantimineros” ya que niegan la distinción entre minería y megaminería a cielo abierto. (Nosotros estamos tomando una postura contraria respecto de la segunda). De hecho,el informe de Ramos -del que hablaremos en seguida- menciona como “ejemplos de necesidad minera” los caminos de Tandil, que son producto de mineras de cantera yno de megamineria a cielo abierto. Y por otro lado, hablan de la necesidad de los productos de la minería pero sin mencionar que los metales que extraen las empresasmultinacionales se exportan prácticamente en bruto. De hecho cuando la industria nacional necesita de esos mismos metales como insumo, los debe importar a preciosmuchísimo mayores a los precios de exportación. Por lo cual el modelo extractivo lejos de aportar a la industrialización, en realidad consolida a la primarización de nuestraeconomía.
¿Por qué creemos que hay que rechazar los fondos provenientes de YMAD?
2008
Después de más de una década de explotación de YMAD, “algunos señores” se acordaron de la existencia de la ley 14.771. Entonces se decretó como finalizada(luego de más de 10 años) la construcción de la Ciudad Universitaria de la Univ. Nac. del Tucumán que hasta entbartolome mitre 4431.. caballito… 7mo B.onces consumía estos fondos[2] y recién a partir de allíse comenzaron a repartir los fondos entre todas las Universidades Nacionales. No nos parece casualidad que esto haya sucedido cuando empezaban a crecer lasdenuncias, tanto de las comunidades directamente afectadas por las actividades mineras, como en diversos ámbitos de la cultura (entre ellos las universidades nacionales).Estamos convencidos que las Universidades Nacionales deben ser financiadas con fondos del Estado, y de ningún modo se pueden aceptar fondos de empresas que tienenun largo historial de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas junto con un desprecio absoluto por el cuidado del medio ambiente. La aceptación delos fondos genera un vínculo de intereses a partir de los cuáles las Universidades avalan dichos emprendimientos, cuando no los promueven. Entre los múltiples conveniosde Universidades con empresas mineras, podemos citar el caso de la Univ. Nac. de San Martín (UNSAM) con Minera Alumbrera en el “Plan de mejora del sistemaeducativo de las localidades de Andalgalá, Aconquija y Belén en la provincia de Catamarca” (2008). Dicho plan, es sólo un ejemplo de las distintas estrategias puestas enmarcha por las empresas para la “construccion de consensos que permitan un desarrollo sustentable de la minería” (cita textual de los objetivos del proyecto Geocomin).Cuando surgió el tema en nuestra Facultad, la minoría por el claustro de graduados presentó en el Consejo Directivo (CjD) un proyecto que proponía rechazar los fondosprovenientes de YMAD. En cambio, la Lista ADU (claustro de profesores) presentó un proyecto de resolución que solicitaba al Consejo Superior (CS) que destine losfondos provenientes de YMAD a estudiar el impacto social, ambiental y económico producido a partir de la explotación de Bajo La Alumbrera. Sin embargo, los fondosprovenientes de YMAD, correspondientes al año 2008, ya estaban imputados por el rectorado para realizar la compra del ex Cine Cosmos (ampliación del Centro CulturalRicardo Rojas) antes de ser aprobados por el CS, hecho del cual el oficialismo estaba al tanto. De hecho el rectorado en principio intentó usar esos fondos sin pasar por el“trámite” de aprobación por el CS (como exige el estatuto de la UBA). Por otra parte los efectos sociales y económicos que proponía estudiar el proyecto presentado porel Dr. Victor Ramos (miembro de ADU), y apoyado por Sumatoria (mayoría por el claustro de graduados), ya estaban siendo estudiados desde hace años por reconocidosinvestigadores de ciencias sociales de nuestro país, por ejemplo podemos citar el libro de “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales” (M.Svampa y M. Antonelli), cuya lectura recomendamos.Finalmente el CS, a pesar de los numerosos cuestionamientos que se emitieron, votó por abrumadora mayoría a favor de aceptar los fondos de YMAD y los incorporó alpresupuesto de la UBA. Cabe recordar que nuestro Decano votó a favor de aceptar estos fondos en el CS, a pesar del fuerte debate que se dió tanto en la Comisión deInterpretación y Reglamento como en el CjD de nuestra Facultad. No existen datos acerca del uso que se les dio a los fondos provenientes de YMAD en los añosposteriores (2009 a hoy).
2009-2010
“(…) El argumento a favor de aceptar los fondos consiste en que estos no son una donación que la empresa hace a las Universidades, sino que la LeyNacional que creó YMAD en 1958 estipula que dichos fondos deben repartirse entre las Universidades por intermedio del Estado. De esta manera, aceptarlos fondos no constituiría en si un problema ético puesto que no sólo no se genera vinculación u obligación alguna con la empresa sino que ni siquiera esuna decisión de la misma otorgarlos. (…) Dar cumplimiento a los objetivos fijados en una Ley Nacional que establece el destino de las gananciasprovenientes de una empresa estatal no significa avalar las condiciones perniciosas en que la Ley de Inversiones Mineras permite a empresas extranjerasexplotar nuestros recursos naturales.”– Fragmento del correo electrónico titulado “Sobre los fondos YMAD”, enviado por Sumatoria a todas las listas de mails de la fcen el 18/6/2009).
En el año 2009 el CS además de aceptar los fondos de YMAD apoyándose en argumentos netamente legalistas decidió formar una Comisión Interdisciplinaria sobreActividad Minera (Res. Nº 6828/09). Dicha comisión presentó un informe en 2010 en el cual solo se habla en forma genérica de megaminería a cielo abierto, sin siquieraanalizar el estudio de impacto ambiental y otros informes presentados por la propia empresa. Nuestra Facultad envió como representante a dicha comisión al ProfesorVíctor Ramos. El documento elaborado por Víctor Ramos (que se puede leer en la página web de la facultad) solo expresa su opinión personal; según la cual, esta formade minería es necesaria a nivel global para el progreso (entendido claro, como desarrollo tecnológico y profundización de los modelos extractivistas). Está escrito a tonode manual para la escuela secundaria y no presenta datos ni tiene referencias. Es decir, ni siquiera consta de un análisis de la información existente, como los datosrecabados por los organismos de control de la provincia de Catamarca cuando el Ingeniero Héctor Nievas se desempeñaba allí[3]. Así como tampoco tenía en cuenta la información presentada en las causas judiciales abiertas a raíz de las reiteradas denuncias por contaminación que tiene Minera Alumbrera[4]. Dicha comisión de“investigación” fue cuestionada por la socióloga Norma Giarraca, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, cuando presentó su carta de renuncia:
“Sinceramente acepté participar en esta comisión porque había pensado que era el ámbito para dar una discusión entreinvestigadores autónomos e independientes de las corporaciones mineras. Me imaginé además que había un lenguaje común paraentendernos (por ejemplo, que los informes de las mineras son materiales a analizar y no a tomar como bibliografía). El libro concuatro universidades nacionales coordinados por Maristela Svampa y Mirta Antonelli en el que participo y que va por su segundaedición (en un año) no había sido leído por ningún miembro y por otro lado circulaban los informes de las corporaciones. Lasrecientes palabras en el diario Tiempo Argentino (8/8/10) de Maristella Svampa se aplican muy bien al ánimo que motiva estamisiva.. Dice la investigadora: “Me parece que el trabajo de experticia es algo absolutamente necesario. Pero estamos en unmomento en el cual hay que construir un saber experto contrapuesto a los intereses hegemónicos. La construcción de un saberexperto independiente significa, por ejemplo, que si hoy en día tenemos debates en torno al modelo sojero o en torno al modelominero, los investigadores de una universidad no pueden estar contratados por una empresa minera o estar al servicio de actoreseconómicos que en el agro tienen un gran protagonismo. No pueden ¡Eso no es independencia!” [Beatriz Krom, por ejemplo, era la asignada por la Facultad de Derecho para participar de dicha comisión y era, a la vez, la asesora legal de la Cámara deEmpresarios Mineros (CAEM)]
2011
El trece de junio, la comisión de bienes comunes presentó, con el apoyo de las agrupaciones estudiantiles y de la minoría de graduados, ante la Comisión deInterpretación y Reglamento del CjD, un proyecto de resolución que proponía el rechazo de los fondos provenientes de YMAD, aplicando lo que en derecho se llamaprincipio precautorio hasta tanto no se haya probado fehacientemente que la explotación de Minera Alumbrera no genera contaminación ambiental; y hasta tanto se hayandebatido sus implicancias en todos los ámbitos de la comunidad. La agrupación de graduados Sumatoria contrapuso un proyecto proponiendo, una vez más, al igual queen 2009, que la Facultad solicite fondos al CS para llevar a cabo “investigaciones” tendientes a definir si existe o no contaminación ambiental debido a la explotación delyacimiento Bajo La Alumbrera. Ese proyecto no sentaba posición con respecto al tema de la aceptación del dinero proveniente de YMAD; desviando el eje de la discusión.Además, si dichas “investigaciones” determinaran que YMAD contamina, por ejemplo con cianuro, ¿La UBA mientras tanto va a estar aceptando fondos provenientes desus ganancias?. Los consejeros de Sumatoria y ADU se apoyan en que la aceptación de los fondos es legal, sin tener en cuenta la discusión ética y el vínculo de interesesque la aceptación establece entre la Universidad de Buenos Aires y las empresas, tanto estatales como privadas.
En resumen
Cuando intentamos debatir este tema el año pasado los consejeros oficialistas de la FCEN nos respondieron que no se trata de un tema trascendente, que es un temairrelevante y fuera de la agenda de las incumbencias de la comunidad de la FCEN. Desde la Comisión Interclaustros de Bienes Comunes reivindicamos y reafirmamos elrol crítico que deben desempeñar todos los integrantes de la comunidad universitaria, más aun en una Facultad de ciencias. Esto es imposible si la universidad pública nose involucra activamente en la producción social de saberes, así como en la discusión de las problemáticas sociales que la atraviesan, acerca de los modelos de desarrollo,científico-tecnológico, productivo y de educación.
Abordamos la cuestión de la práctica megaminera como forma de discutir sobre el modelo extractivo-exportador y explotador, tarea compleja e imposible de saldar hastaque no se abra un debate amplio, hasta que no se instale una verdadera discusión, publica y académica sobre las complejas dimensiones, y los múltiples sentidos querecubren la palabra “desarrollo” o “progreso”. Para esto es necesario que la universidad adopte dispositivos que nos permitan abordar los debates en forma conjunta, comocomunidad. El intento de Exactas de hacer esto fracasa, es pobre, sesgado e insuficiente pues no cuestiona la participación del estado en ganancias que se originan en unapráctica económica que no garantiza el bien común sustancial.
De no atenderse este debate, el riesgo que se corre es grande: por indiferencia, desconocimiento, u omisión, podemos convertirnos en cómplices activos (si es que ya nolo somos) de dejar pasar una discusión por delante de nuestras narices, sin reflexión, sin consultar ni escuchar las voces de las poblaciones afectadas y en pie deresistencia; de perpetuar un modelo extractivista, desconociendo la oposición y la soberanía de las poblaciones; de contrariar la voluntad de miles de hombres, niños ymujeres; oprimidos y explotados, que en este momento se encuentran en lucha política y debate acerca de los graves efectos sociales y ambientales de las actividadesextractivas que hoy día se llevan a cabo en nuestro país.
La discusión que nosotros proponemos comprende la dimensión técnica, sólo que además tiene en consideración que en tanto actores sociales; estudiantes, docentes ytrabajadores de la ciencia, también debemos debatir las implicancias éticas y morales de nuestras prácticas laborales. Esto último implica entrar en dialogo con otrosactores sociales que se encuentran por fuera del ámbito académico, dándoles voces en nuestros debates.
[1] Es por esto que es equivocado plantear que los fondos son un “impuesto” (como dijo el Decano Aliaga el 26 de Agosto de 2009, y aún lo sostiene la FCEN en su página web – http://goo.gl/UpssE). De hecho el artículo 18, sobre el que Aliaga dice fundamentarse, expresa textualmente “utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán (…)” ¿Por qué se intenta sostener que los fondos son un impuesto cuando claramente no lo son? ¿Tal vez para no tener que dar cuenta de lo que implica el cobro directo de utilidades de una empresa cuyos capitales mayoritarios son trasnacionales? [2] Tengo que conseguir un informe de una compañera de u.n.tucuman donde denuncian que nunca hubo informacion de como se usaron estos fondos, y que ademas los techos allí en la UNT se caen a pedazos… quisiera citar algo aqui en una nota al pie, si lo consigo. Adrian– [3] Es interesante la entrevista a Nievas que le han hecho desde “Miradas al Sur” el 19 de Febrero de 2012 (Link: https://exactasbienescomunes.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/entrevista-al-ing-nievas.pdf) donde -entre otras cosas- declara: “El gran problema de La Alumbrera que nadie o muy pocos dicen es la filtración que tiene el dique de cola donde se envían o se vuelcan desechos contaminantes. El dique de cola es como una prensa hidráulica. Imagínense ustedes, que es donde se supone que lo primero que debe existir es una estanqueidad absoluta porque no se embalsa agua pura, sino que son soluciones contaminantes. Es un vaso que se vuelca. Para que ustedes tengan una breve reseña histórica, en el año 97, más precisamente en julio, a ese dique se lo probó hidráulicamente con agua fresca, con agua pura. Y estuvieron presentes: gente de la empresa, el Estado provincial y algunos pobladores de la zona. Ese dique perdía por todos lados. Se filtraba… Era un colador. No obstante eso, se siguió con el mismo proyecto inicial, es decir, volcar todos esos residuos con la peligrosidad de su deposición final –porque ya nunca más se va a mover de allí– se siguió volcando sobre el dique.”[4] Un ejemplo paradigmático es el siguiente: a fines de Mayo de 2008, con fallo por la mayoría y uno en disidencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó a Julian Rooney (vicepresidente de Minera La Alumbrera).
[1] Véase el discurso de presentación del Plan Minero Nacional en http://www.mineria.gov.ar/planmineronac.htm [2] Palabras de la doctora Beatriz Krom acerca de la situacisn minera Argentina. http://www.caem.com.ar/category/medio-ambiente/ [3] El progresivo agotamiento a nivel mundial en las vetas de alta ley concentracisn es el elemento central que explica el pasaje de minerma ‘tradicional’ a ‘moderna’. En la actualidad se explotan yacimientos de cobre con un promedio de 6 kg de metal por tonelada de roca tratada y en el caso del oro, la gran mayorma de los yacimientos presentan una ley inferior a 10 g/tonelada de roca tratada, e incluso hasta 0.5 g/tonelada. [4] De hecho, son generalmente los sucesivos cortes en los suministros de agua y electricidad lo que pone en alerta a los pueblos y genera las asambleas de vecinos autoconvocados. [5] Viase el informe Minerma en nzmeros , disponible en http://www.mineria.gov.ar/ si se consulta, nstese la hipocresma del informe al citar la cantidad de empleos generados (~200.000) cuando la megaminerma es en realidad de las actividades mas capital-intensivas que se conocen en el mundo. Ver cita 4, parte 1. [6] A pesar de que el reclamo existe, no hay datos oficiales al respecto. [7] Este elevado volumen de dinero es necesario para que los gobiernos nacionales y provinciales sostengan el alto nivel de gasto pzblico que erigen como polmtica central. http://alainet.org/active/53106 [8] Viase http://argentina.indymedia.org/news/2012/02/808627.php donde se pueden leer algunos fragmentos del informe, asm como la foja que da cuenta de la cantidad de cianuro de sodio adquirido por la minera. La seca sinceridad de sus pasajes da escalofrmos. Transcribimos aqum un pasaje que refiere al impacto sobre la hidrosfera: La calidad del agua superficial y subterranea sera modificada en el caqsn del rmo Vis Vis, como muestra el modelo de transporte de potenciales contaminantes, SO4, Mn, dureza, fluoruro. Las fuentes de contaminacisn consideradas en el modelo fueron el dique de colas y la pila de roca estiril. (Minera Alumbrera, IIA 1998, Pag. 17). La calidad de agua continuara siendo afectada despuis del cierre de la mina, debido a los drenajes de las colas y de las rocas estiriles considerando una vida ztil de la mina de 20 aqos y, segzn los modelos de simulacisn realizados, el impacto se reducira significativamente 50 aqos despuis del comienzo de las operaciones mineras (Minera Alumbrera, IIA 1998, Pag. 23). Sin embargo, es necesario aclarar que los efectos nocivos del drenaje acido de las rocas estiriles (esto es, la formacisn de acido sulfzrico a partir de la pirita por contacto con el agua) no tienen por qui disminuir sin que se los trate debidamente, ya que este fensmeno se potencia con el tiempo. [9] http://www.minplan.gob.ar/notas/2835-la-presidenta-defendio-la-mineria-responsabilidad-ambiental [10] http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-188693-2012-03-01.html [11] http://www.youtube.com/watch?v=lplq2GZbzH8 publicidad de la Camara Argentina de Empresarios Mineros
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